El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, está trabajando en un proyecto de ley para enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias, que propone una serie de reformas legales significativas.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran la derogación de la Ley Micaela, la eliminación de los cupos laborales para personas trans en el Estado, y la supresión de la figura de femicidio en el Código Penal.
El paquete de reformas busca también eliminar las políticas que se consideran “discriminatorias” en favor de las minorías. Según fuentes del Ejecutivo, la decisión de avanzar en este proyecto responde a la postura de que no debe haber “excepciones” en la legislación, particularmente en lo que respecta al trato hacia diferentes grupos sociales. En este sentido, se argumenta que no debe existir distinción en el trato entre homicidios cometidos contra hombres y mujeres, lo que justifica la eliminación de la figura de femicidio, que actualmente establece que un homicidio cometido por un hombre con violencia de género sea considerado un agravante.
Otra de las propuestas clave del paquete es la derogación de la Ley Micaela (27.499), sancionada en 2018, que establece la obligatoriedad de capacitaciones en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para los trabajadores del Estado, en el Congreso y en la Justicia. La Casa Rosada también ha planteado la eliminación de los cupos laborales para personas trans en el Estado, regulados por la Ley 27.636, que establece un porcentaje mínimo de inclusión del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero en las estructuras estatales.
Además, se propone la revocación de la Ley de Paridad de Género (27.412), que obliga a que las listas de candidatos y candidatas en elecciones nacionales sean intercaladas entre mujeres y hombres. En el ámbito cultural, la iniciativa también incluye la derogación de la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que establece que al menos el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales sean mujeres.
Un aspecto controversial del proyecto es la eliminación del decreto 476/2021, que permitió la creación del DNI no binario, una normativa que habilitó la opción de una tercera categoría de sexo en los documentos nacionales de identidad. La propuesta también busca revocar la Ley de Identidad de Género (26.743), que otorga a las personas la posibilidad de identificarse según su identidad de género autopercibida y acceder a tratamientos médicos para adecuar su cuerpo a dicha identidad.
El Gobierno no descarta que este paquete de reformas sea uno de los temas principales en la campaña para las elecciones legislativas de 2025, y desde la Casa Rosada han expresado que las políticas impulsadas por el gobierno anterior, que defendían la diversidad de género y las minorías, son incompatibles con la visión de la actual administración.
