Éste lunes, la central obrera recusó a los camaristas que validaron la ley, acusándolos de prejuzgamiento. En paralelo, el magistrado de primera instancia, Raúl Horacio Ojeda, que había frenado los artículos advirtió sobre fuertes intereses políticos y económicos en juego.
La tensión en el ámbito judicial y sidical alcanzó un nuevo punto crítico. La Confederación General del Trabajo (CGT), solicitó formalmente la nulidad del fallo de la Camara de Apelaciones que le devolvió la vigencia a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La ofensiva de la central obrerase materializó a través de un escrito judicial en el que recusan a los camaristas intervinientes, acusándolos de prejuzgamiento y de actuar con una “manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”.
La estrategia legal del sindicalismo apunta directamente contra los jueces de cámara Víctor Pesino y María Dora González. Según la representación legal de los trabajadores, la postura de ambos magistrados ya estaba definida antes de analizar en profundidad los argumentos de las partes. En el pedido de nulidad, la CGT sostiene que la resolución de la Cámara “violenta la verdad jurídica”, carece de fundamentos legales sólidos y busca aplicar un esquema regresivo en los derechos de los trabajadores. Además, llegaron a objetar un presunto beneficio que habría obtenido uno de los camaristas tras emitir su voto.
En simultáneo a la contraofensiva sindical, el clima de extrema tensión en los tribunales fue confirmado por Raúl Horacio Ojeda, el juez de primera instancia que originalmente había dado lugar a la cautelar de la CGT, frenando 82 artículos clave de la reforma. Ojeda rompió el silencio, defendió su dictamen original y denunció estar siendo víctima de una fuerte campaña en su contra.
“El ambiente está muy revolucionado y los actores sociales también. El hecho de que me hayan atacado tanto indica que hay algo ahí. Hay algo pesado, de fondo, mucho interés en juego”, advirtió el magistrado de primera instancia, reflejando la magnitud del impacto económico de medidas como las modificaciones en las indemnizaciones, el banco de horas y la creación de fondos de cese laboral.
Mientras la pulseada se intensifica en los pasillos de Tribunales, el Gobierno nacional se mantiene enfocado en duras negociaciones políticas para sostener la ley, a menudo promoviendo normativas sin la certeza previa de contar con todos los votos asegurados. Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni los magistrados recusados han emitido una respuesta oficial.
Con una Cámara de Apelaciones cuestionada por los gremios y jueces de primera instancia denunciando presiones debido a los millonarios intereses afectados, todas las partes involucradas y los analistas del sector coinciden en un mismo pronóstico: el laberinto legal de la reforma laboral terminará resolviéndose, inevitablemente, en la Corte Suprema de Justicia.
